Leo con pena y estupor en un periódico local las declaraciones de Micaela Navarro, Consejera de Igualdad, demandando soluciones para la realidad del aborto.

En primer lugar declara que desde 1985 el aborto es legal, lo cual es completamente falso y creo que la consejera no tiene clara la diferencia entre “legalizar” y “despenalizar”. En 1985 se produjo una modificación en nuestro Código Penal que despenalizó esta práctica en tres supuestos, aún manteniéndolo como tipo penal, con lo cual, nuestra vigente ley sigue protegiendo al niño no nacido ( pongo “niño” para diferenciarlo del lince cuyo embrión cuenta con más protección ). Por lo tanto, si se “legaliza” el aborto, sí nos encontraremos ante la nueva circunstancia y es que la ley deja de proteger al feto.

Habla de “expectativas” y seguro que también de “clamor social” y le recuerdo, que el CIS antes de la modificación de la ley de 1985, distribuía cifras intermitentemente de 300 mil abortos clandestinos anuales en España y con el consiguiente grave riesgo. Pasado un año de la despenalización la cifra de abortos “legales” en España no superaba los 7 mil.

La consejera también nos previene sobre las ambigüedades de la actual ley. En los países donde el aborto es legal se dan otra clase de “ambigüedades” y éstas son imposibles de valorar. ¿Dónde ponemos la “nota de corte” para acabar con la vida de un ser humano?. ¿En que sea bizco? ¿Alto? ¿Bajo?..o como pasa en Inglaterra, donde se “aniquilan” vidas humanas con toda impunidad porque ! va a nacer un “monstruo” con los pies cabos ¡. No señora, las ambigüedades perdurarán tanto como duren los individuos sobre la tierra.

Muy bonito lo de “justicia social”. Le voy a dar tres ejemplos de “injusticias sociales” vigentes en la actualidad y muy a propósito para el departamento que usted dirige. Una de ellas es que la mujer cobre menos que el hombre aún ocupando el mismo puesto. Otro, de auténtica “realidad social”, es que la mujer no pueda informar en su trabajo que está embarazada porque corre riesgo su puesto..o su renovación de contrato. Sería de “justicia social” que su administración pudiera ayudar a las mujeres embarazadas asumiendo el sobrecoste que suponen para una empresa. Por ejemplo. Y hay muchos más.

En el aborto, la víctima (una de ellas, la otra víctima es su madre), no presta consentimiento ni recibe el más mínimo amparo legal.

El aborto supone la “ley del más fuerte” y hace depender al niño de la condición de “deseado”. El niño puede seguir existiendo siempre y cuando sea considerado como un “valor” para otra persona, y esta persona adulta, podrá dictar de manera unilateral su “sentencia de Vida o Muerte”.