El concejal de Cultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona, Sebastián Guzmán, considera inadmisible que, aprovechando la actual situación provocada por el Estado de Alarma, el Parlamento de Andalucía haya convalidado –con los votos de PP, Cs y Vox– un decreto de la Junta por el que “se desregulan numerosas actividades económicas, se reduce la participación pública y se eliminan garantías ambientales”.
Para Guzmán ello no tiene nada que ver con una pretendida reducción de trámites burocráticos, sino con la pretensión de “reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales”. Estos cambios normativos, afirma, “pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales y fomentar, de nuevo, entre otras cosas, la especulación urbanística, afectando también a otros sectores sociales y económicos”.
El concejal de IU explica que con este Decreto se han ampliado las actuaciones que se pueden declarar de Interés Autonómico, lo que facilita la aprobación de urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses o grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales y añade que la modificación de la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental sustituye el régimen de autorización ambiental unificada al que se encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones por el de calificación ambiental, con muchas menos exigencias.
Guzmán se muestra además en contra de este decreto, porque modifica una ley audiovisual que había sido aprobada por consenso eliminando la restricción de entidades privadas en la gestión de servicios públicos de radiotelevisión municipal, pudiendo cederse la gestión a un tercero privado, con la pérdida de un servicio público de garantía para la ciudadanía, como viene desempeñando la radiotelevisión municipal de Chipiona desde hace más de treinta años
El concejal considera muy acertado el posicionamiento de PSOE y Adelante Andalucía de presentar un Recurso de Amparo al Tribunal Constitucional contra este Decreto para restituir las garantías legales ambientales.
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