El sector de la radiodifusión ha pedido a la Junta de Andalucía que suspenda la aprobación de urgencia de un Decreto-Ley que contempla, entre otras muchas medidas liberalizadoras, la privatización de las emisoras municipales y permite la publicidad institucional y comercial en las ilegales. Así se lo ha hecho saber en una carta la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) en la que manifiesta su malestar por las consecuencias de una norma que denuncian que es “contraria a la legislación estatal básica” y “dinamita la seguridad jurídica” del sector.
Las radios comerciales son las primeras que han contraatacado de manera frontal al Decreto-Ley que liberaliza el modelo productivo andaluz, que la Junta aprobó el pasado 9 de marzo y que la Diputación Permanente del Parlamento regional tiene previsto convalidar este jueves, y que modifica o deroga hasta 21 leyes que afectan al ámbito medioambiental, comercial o urbanístico, entre otros. En el apartado audiovisual, donde antes eran los Ayuntamientos quienes gestionaban la radio o la televisión municipal, ahora podrá hacerlo un tercero.
La AERC considera que este cambio normativo supone la “derogación del marco jurídico autonómico anterior por el que se regían las emisoras municipales, que tenían prohibida la gestión directa” y advierte de que con la nuevas disposiciones “cientos de emisoras en el mercado pasarían a ser gestionadas sin la protección a la concurrencia e idoneidad que garantiza la legislación estatal”. La asociación también denuncia que, si sale adelante el Decreto-Ley, se generará “un trato discriminatorio entre operadores de radio y entre territorios del Estado”.
A los empresarios de la radiodifusión comercial les sorprende el cambio de actitud de la Junta de Andalucía con el entramado de emisoras ilegales —más de 400 en ese territorio— y reclama al Gobierno regional que mantenga la prohibición de emisión de publicidad institucional y comercial en las emisoras ilegales, actualmente vigente, y que proceda al cierre de todas esas radios pirata. La petición de la AERC va en la línea que hace una semana ya trasladó al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía.
La AERC insta a los grupos parlamentarios andaluces y de ámbito estatal a que “emprendan cuantas acciones sean pertinentes” para evitar que se consumen las medidas liberalizadoras en el ámbito audiovisual que contempla el real-decreto. En esta línea, el PSOE tiene previsto trasladar mañana una carta al presidente Moreno firmada no solo por asociaciones de prensa, sino por otros muchos sectores que se ven afectados por la normativa.
Varios constitucionalistas consultados consideran que la convalidación del decreto-ley por la Mesa podría conllevar la nulidad. De ser aprobada, la norma pasará a tener rango de ley y la única vía para conseguir su invalidez sería acudir al Tribunal Constitucional, para lo que sería necesario la firma de 50 diputados o 50 senadores.
Desde la AERC no solo se cuestiona el fondo, sino también las formas adoptadas por el Gobierno andaluz para sacar adelante la modificación del sector audiovisual. Fuentes jurídicas cercanas a la asociación estiman que no tiene sentido acudir al trámite de urgencia o apelar a la crisis del coronavirus —a la que se alude en la exposición de motivos del texto del Real-Decreto para justificar ese carácter urgente— para cambiar el régimen jurídico de las emisoras municipales y llaman la atención sobre el hecho de que la Ley Audiovisual de Andalucía se haya aprobado en octubre de 2018, para cuestionar la necesidad inmediata de corregirla por parte de la Junta.
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