El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, firmó ayer con la delegada de Protección Civil y Educación de Chipiona, Davinia Valdés, la prórroga del convenio para facilitar el cumplimiento por parte de menores infractores de medidas judiciales en abierto en la localidad. Este acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y renueva la colaboración que ya existe entre la Junta de Andalucía y el consistorio para que los jóvenes que cumplan las medidas judiciales que les imponen los jueces de menores puedan hacerlo en actividades propias del ayuntamiento (deportes, bibliotecas, medio ambiente, servicios sociales, Policía Local, etc.).
En concreto, estas medidas judiciales en cuya ejecución colaborará el ayuntamiento, y que tienen como principal objetivo resocializar a estos jóvenes que habían cometido algún delito o falta, son las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC), las Tareas Socioeducativas (TSE) y las Actividades Reparadoras en favor de la sociedad (RS) derivadas de un proceso de conciliación y mediación, así como el seguimiento, por parte de los agentes de la Policía Local u otro personal funcionario que desempeñe estas funciones de la Permanencia de Fin de Semana (PFS) en el domicilio familiar; y de otra, la cooperación o colaboración para actuar en el entorno familiar de aquellos menores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas.
El delegado del Gobierno ha puesto hoy de relieve que “con estos acuerdos se contribuye a la labor educativa del joven en su mismo entorno”, y ha añadido que este conjunto de medidas de carácter socioeducativo contempladas en la Ley “tienen por finalidad que el menor comprenda que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta”. “Se trata de que el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo”, ha afirmado.
El delegado del Gobierno, que ha recordado que en lo que va de año en Chipiona se han aplicado 12 de estas medidas (dos de prestaciones en beneficio de la comunidad, siete de libertad vigilada y tres de tareas socioeducativas), también ha destacado la colaboración de los agentes de la Policía Local de estas localidades al facilitar y garantizar el cumplimiento de estos convenios.
El convenio no comportan ninguna contraprestación económica y tiene como finalidad la colaboración institucional para la educación y reinserción social de los menores infractores, mediante una intervención en su entorno que contribuya a la prevención de conductas de riesgo.
En ningún caso se plantea con esta medida la realización de tareas remuneradas ni la ocupación de un puesto de trabajo ya que siempre debe compatibilizarse con tareas formativas del menor.
La prestación del servicio en beneficio de la comunidad es una de las medidas judiciales de las denominadas de medio abierto que pueden imponer los jueces de menores a los jóvenes infractores, de acuerdo con el catálogo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
Esta decisión judicial se traduce en acciones relacionadas con el interés social o el beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y acorde con la naturaleza del hecho cometido. El juez puede condenar a los menores hasta un máximo de doscientas horas, aunque la media ronda las cincuenta. Retirar grafitis, ayudar en centros de salud, recoger basura del botellón, acompañar a personas mayores, seguridad vial o limpieza de parques, son algunas de las tareas impuestas.
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