Chipiona, 11 de julio de 2012.- El Alcalde de Chipiona y miembros de su equipo de gobierno han mantenido un encuentro con la parlamentaria andaluza PP y portavoz adjunta en la Comisión de Vivienda Alicia Martínez con el objetivo de abrir vías para impulsar la petición formulada unánimemente por el Pleno municipal para que la Junta de Andalucía busque soluciones para evitar la demolición de veintitrés viviendas de familias de la localidad.
Al objeto de regularizar las viviendas existentes en el suelo no urbanizable, el Ayuntamiento redactó una modificación de su Plan General de Ordenación Urbana con dos objetivos fundamentales, definir los asentamientos urbanísticos existentes y regularizar las viviendas ligadas a explotación agrícola. Ahora se solicita a la Junta de Andalucía que apruebe la modificación que plantea el Ayuntamiento y que se reflejará en la aprobación provisional del expediente de modificación del PGOU referido a las Áreas Suburbanizadas.
El Alcalde de Chipiona ha transmitido su preocupación por la orden de ejecución inminente de las sentencias de demolición y ha pedido a la Junta de Andalucía el mismo tratamiento que se ha dado a las viviendas de Monte Algaida en Sanlúcar. Precisamente el Plan de Ordenación de la Costa Noroeste recoge la singularidad de las explotaciones bajo abrigo que son la generalidad en estas dos poblaciones.
Antonio Peña ha transmitido que, tras realizar gestiones ante todas las administraciones, entre ellas la delegación provincial de Obras Públicas, la Consejería de Vivienda y la subdelegación del Gobierno, y elevar la decisión del Pleno a la Junta de Andalucía, se ha optado por impulsar nuevas vías de apoyo a la iniciativa a través del Parlamento Andaluz.
La parlamentaria autonómica popular Alicia Martínez ha pedido al Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio que reciba al alcalde de Chipiona y atienda la demanda unánime del Pleno de la Corporación. Las veintitrés viviendas forman parte del tejido de alrededor cuatro mil que forman parte de la implantación en el territorio en el municipio, vinculadas a la explotación agrícola.
La diputada autonómica ha concluido diciendo que el Ayuntamiento de Chipiona ha hecho sus deberes es este asunto y que ha sido la Junta de Andalucía la que no los ha hecho. En el año 2005 ya había un plan aprobado, pero pasó por alto esta circunstancia, y en 2008 el Ayuntamiento trató de solicitar una modificación para regular todas esas viviendas y la Junta de Andalucía ha tratado cuatro años en responder de forma diferente a como lo ha hecho en Sanlúcar. Estas viviendas, ha dicho Alicia Martínez, son perfectamente legalizables, ya que no se hayan en vías pecuarias, ni en espacios protegidos o zonas inundables. Se trata sólo de un impedimento formal.
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